El
coordinador provincial de IU, Luis Segura, ha manifestado hoy que a los
trabajadores procedentes de Santana y Parque de Proveedores, de los grupos B y
C, les asiste la razón y llevan a cabo una lucha justa para que se cumpla el
acuerdo adoptado en 2011 con la Junta de Andalucía. Al igual que los
trabajadores del grupo A, también éstos tienen que ver cumplido el acuerdo con
la Junta de Andalucía en lo que se llamó “Plan
Linares Futuro”.
Luis
Segura recuerda que en el texto del Acuerdo Marco del citado Plan Linares Futuro se contempla, con
claridad, el régimen de indemnizaciones y la posibilidad de recolocaciones de
los trabajadores del Grupo B y C, y que nunca es admisible el incumplimiento de
un acuerdo, máxime cuando estamos ante una situación de sufrimiento de estos
compañeros que de ninguna manera deben renunciar a sus derechos pactados.
Por
otra parte, el Acuerdo Marco contempla también la realización de cursos
formativos y retribuidos para trabajadores del Parque de Proveedores, que
tampoco se ha cumplido, así como indemnizaciones finales para este colectivo
denominado Grupo C.
Para
IU, la Junta de Andalucía, al igual que ha afrontado finalmente la solución de
los prejubilados de 2011 (Grupo A) y ha restituido el complemento pactado de
los prejubilados de 2001, debe cumplir también sus compromisos con estos
trabajadores. IU trasladará al Gobierno de la Junta de Andalucía y al
Parlamento este problema y no contemplará otra solución que no sea el
cumplimiento del citado Acuerdo Marco.
Por
otra parte, el coordinador provincial de la federación de izquierdas considera
que, cuando se firmó el Plan Linares
Futuro, en lo referente a los nuevos proyectos industriales, Izquierda
Unida valoró dicho Plan como inconcreto e insuficiente, por lo que IU está
trabajando y trasladará a la Junta de Andalucía la necesidad de que se elabore
y se apruebe un Plan de Reindustrialización de Linares y la Comarca, mucho más
ambicioso y con perspectiva para afrontar en los próximos años el
desmantelamiento industrial de esta zona. En dicho Plan deben participar los
Ayuntamientos, la Junta de Andalucía el Gobierno Central y la iniciativa
privada.
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